
Ubicados en un espacio geográfico
intervenido, estos humedales manifiestan un nivel
intenso de degradación, producto del proceso
de ocupación y el acelerado cambio de uso de
la tierra experimentado en la región, especialmente
en los últimos treinta años. El desarrollo
de actividades pecuarias y agrícolas ha alterado
las relaciones ecosistémicas entre las especies
de fauna y flora, provocando un uso inapropiado de
los recursos naturales que contienen (Solano 2002).
Además, la pérdida de
humedales en la zona se evidencia en la reducción
de espejos de agua, como consecuencia de un cambio
en el uso de la tierra, lo que ha derivado en el incremento
de la sedimentación en algunos sitios y otras
perturbaciones espaciales que reflejan de algún
modo, la degradación de los humedales. Esto
ha generado la presión sobre algunas poblaciones
de especies acuáticas, produciendo la pérdida
de ecosistemas asociados a esos espacios de conservación
(Solano 2002).
Dicha situación tiende a acentuarse
ante la falta de proyección social, de criterios
técnicos y lineamientos generales, por parte
de las instituciones responsables, que tienen a su
cargo la gestión ambiental, específicamente
para la conservación y restauración
de humedales.
Todas estas amenazas dan como resultado
una perdida y/o fragmentación del hábitat
usado por las especies silvestres que se desean proteger
por estar amenazadas, provocando disminución
y deterioro directo en las poblaciones de vida silvestre
acentuando la amenaza a algunas de estas poblaciones,
consideradas como especies claves para la salud del
ecosistema. El cambio de uso del suelo, el saqueo
de especies de fauna y flora silvestre, la deforestación,
la desecación y drenado de humedales, son actos
ilegales en Costa Rica, el Ministerio de Ambiente
es el encargado de controlar estas actividades y atender
las constantes denuncias, pero debido a la falta de
recursos económicos y técnicos no se
lleva a cabo un control adecuado, provocando que el
deterioro de las zonas y especies afectadas continué.
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